La ejecución de sentencias y Derecho urbanístico: el reciente caso de El Corte Inglés de Madrid.

Resumen

En el presente trabajo se estudia el reciente caso de El Corte Inglés. La conocida empresa española solicitó una modificación del planeamiento urbanístico para poder aumentar la edificabilidad de varios de sus centros comerciales en diferentes áreas de la capital. Este estudio analiza, en primer lugar, los antecedentes del problema, el tema de la anulación de las licencias y la necesidad de demoler. A continuación se centra en la problemática de la ejecución de la sentencia, examinando los requisitos de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa española para solicitar que no se ejecute una sentencia. En concreto se abordan las cuestiones sobre la inexistencia de las causas de imposibilidad legal y material de ejecución, así como la omisión del trámite de audiencia a terceros interesados. Se destaca que el Tribunal de Madrid no aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad legal y material de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición de lo construido y en funcionamiento. Estima el Tribunal madrileño que la imposibilidad legal no es procedente y que la material ha de examinarse atendiendo a las circunstancias del caso concreto y los derechos e intereses comprometidos en la ejecución. Entiende que no puede identificarse con el hecho de que la ejecución presente dificultades o la conveniencia de atender otros intereses que no pueden imponerse a los que resultan tutelados por los pronunciamientos judiciales que se trata de llevar a efecto, en garantía de la seguridad jurídica. Esta última se vería seriamente afectada por la falta de realización del derecho reconocido judicialmente, ejecución que como señala el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, constituye un derecho fundamental y ha de consistir precisamente en lo establecido y previsto en el fallo. El trabajo concluye reforzando la idea de que las causas de imposibilidad deben interpretarse de manera muy restrictiva para evitar poner en cuestión fundamentos básicos del Estado de Derecho como el principio de la separación de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hay que evitar que los jueces se vean forzados a realizar un análisis económico del Derecho cada vez que se encuentran con el dilema si es procedente o no ejecutar una sentencia. Si no se ejecutan las sentencias en sus propios términos las normas jurídicas pueden quedar reducidas a normas morales ya que el cumplimiento de las sentencias dependerá en última instancia de la buena voluntad de los ciudadanos.