Liberalización económica, Sector Público y Derecho Administrativo

Abstract

La liberalización de la economía, sometiéndola a reglas claras, fiables, y con análisis económico del Derecho (que ahora es obligado según el artículo 6.3 de la Ley de Economía Sostenible de 4 de marzo de 2011) es la gran reforma estructural pendiente. Absolutamente necesaria si se quiere evitar el marasmo económico que la crisis parece impulsar, pero que supone descubrir quienes son los “reguladores ocultos”, desde patronal a Sindicatos, cuyos intereses no tienen nada que ver con el interés general en las más de las ocasiones. Apostar por el Estado de Derecho, vuelta a las leyes, explicación y justificación motivadora de las regulaciones: estas son las tareas a realizar, con algún coraje político, si se desea salir de la actual situación. Y la literatura económica y jurídica es inmensa y siempre apunta en una dirección que, lamentablemente, el Estado de Partidos no se atreve a adoptar, tanto porque no es “políticamente correcto” como sobre todo porque pone en cuestión prebendas, privilegios y prerrogativas que una falaz clase política no desea adoptar. Aún así, las circunstancias económicas, la transparencia en la red virtual y la democracia concebida por el Estado de Derecho apuntan a la necesidad de ese cambio en pro de una racionalidad mucho más explicadora y explicativa de las decisiones políticas.